El conflicto universitario sumó un capítulo clave en los tribunales federales. Los trabajadores docentes y no docentes de las universidades nacionales consiguieron un fuerte respaldo judicial luego de que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Martín Cormick, intimara al Gobierno nacional a cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario en un plazo de cinco días. La resolución judicial apunta directamente a los artículos 5 y 6 de la norma, que establecen la recomposición de los salarios del sector y el financiamiento de las becas estudiantiles.

La decisión del magistrado reactivó un reclamo que las casas de altos estudios mantenían en la justicia desde fines del año pasado. La medida cautelar original, dictada por el propio Cormick en diciembre, ya contaba con el aval de la Cámara de Apelaciones y quedó firme tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia el pasado 25 de junio. Ante la falta de respuestas del Ejecutivo, el juez decidió endurecer su postura para garantizar los fondos de la educación pública.

En su fallo, Cormick fue categórico al describir la inacción estatal frente a la orden judicial anterior: “Atendiendo a lo peticionado por la parte actora y verificándose que no existe cumplimiento total de la cautelar dictada en autos, medida que se encuentra firme, intímese al demandado Estado Nacional, Poder Ejecutivo Nacional, a que dé efectivo cumplimiento en un plazo perentorio de cinco días”. El magistrado incluyó además una advertencia económica directa para los funcionarios responsables, al ordenar que la intimación se realiza “bajo expreso apercibimiento de aplicar astreintes por cada día de demora”.

Un desfasaje que asfixia a los trabajadores

Los representantes gremiales y las autoridades de las universidades estiman que la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación superior es crítica. Según los cálculos del sector, a los salarios de los docentes y no docentes se les adeuda una recomposición del 31,2 por ciento para equiparar la inflación acumulada. La última oferta que presentó el Gobierno en la mesa paritaria fue de apenas un 3 por ciento, lo que aceleró el malestar en los pasillos universitarios.

La respuesta oficial en la paritaria colmó la paciencia de los trabajadores y de la comunidad académica, que ya definieron un plan de lucha nacional. Ante la falta de una propuesta que compense el deterioro salarial, los gremios convocaron a una nueva marcha federal universitaria para el próximo 15 de octubre, acompañada por medidas de fuerza que paralizarán las actividades en las facultades de todo el país hasta que el Gobierno cumpla con la ley vigente.