Uno de los cambios centrales es la redefinición del período de prueba. La reforma amplía este plazo, durante el cual el empleador puede despedir al trabajador sin pagar indemnización, con la intención de reducir los riesgos asociados a la contratación. Desde el oficialismo sostienen que esta medida incentivará la toma de nuevos empleados, mientras que los críticos advierten que podría aumentar la precarización laboral.
Otro eje clave es la modificación del régimen de indemnizaciones. El Gobierno propone reemplazar el esquema tradicional por un sistema alternativo, similar a un fondo de cese laboral, que podría ser acordado por convenio colectivo. Este mecanismo apunta a que el empleador realice aportes periódicos mientras dura la relación laboral, evitando así el pago de una indemnización elevada al momento del despido. Según el Ejecutivo, esto daría mayor previsibilidad a las empresas y reduciría los conflictos judiciales.
La reforma también introduce cambios en la figura del trabajador independiente y en las modalidades de contratación. Se amplían las posibilidades de contratación por tiempo determinado y se busca flexibilizar ciertos requisitos formales, con el argumento de adaptarse a nuevas dinámicas productivas y tecnológicas. Para el Gobierno, estas herramientas permitirían incorporar al sistema formal a trabajadores que hoy se desempeñan en la informalidad.
En materia de conflictos laborales, el proyecto limita la posibilidad de aplicar multas y sanciones adicionales a los empleadores por errores registrales o incumplimientos formales, un punto que ha sido señalado como uno de los principales factores de litigiosidad en el sistema actual. Desde la administración nacional consideran que estas penalidades excesivas desincentivan la contratación y generan costos difíciles de afrontar, especialmente para las pequeñas y medianas empresas.
Otro aspecto relevante es la regulación de las huelgas y de los servicios esenciales. La iniciativa amplía el listado de actividades consideradas esenciales y establece la obligación de garantizar prestaciones mínimas durante medidas de fuerza, lo que generó un fuerte rechazo de las centrales sindicales, que lo interpretan como una restricción al derecho a huelga.
Además, la reforma plantea cambios en la negociación colectiva, con mayor margen para acuerdos entre empleadores y trabajadores a nivel de empresa, por encima de los convenios sectoriales. El Ejecutivo sostiene que esto permitiría adaptar las condiciones laborales a la realidad de cada actividad, mientras que los gremios advierten que puede debilitar el poder de negociación de los trabajadores.
Desde el Gobierno remarcan que el objetivo final es reducir el empleo no registrado, que afecta a un alto porcentaje de trabajadores en la Argentina, y generar condiciones para la creación de empleo privado. Sin embargo, distintos especialistas señalan que no existe evidencia concluyente de que una mayor flexibilización laboral, por sí sola, garantice un aumento sostenido del empleo.
La reforma laboral forma parte de un programa económico más amplio impulsado por la administración Milei, que incluye cambios estructurales en el Estado, el sistema previsional y el régimen impositivo. Mientras el oficialismo defiende las modificaciones como necesarias para revertir años de estancamiento económico, sectores sindicales y de la oposición advierten que los cambios implican una pérdida de derechos laborales y un retroceso en conquistas históricas. Fuente: Misionesonline.-
